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INTERVENCIÓN IGNACIO GARCÍA, DIPUTADO DE IZQUIERDA UNIDA POR CÁDIZ EN EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2012 SOBRE EL PLAN DE AJUSTES.

Señorías, Izquierda Unida no quiere ajustes ni recortes. Izquierda Unida reniega de ellos y reniega, sobre todo, de un sistema y una política neoliberal que obliga a los ajustes y a los recortes a los demás.

Por ello, podemos decir alto y claro que Izquierda Unida no es responsable de este plan de ajuste financiero, de estos ajustes que corresponden al Presupuesto de 2012, previamente rechazado por Izquierda Unida.

Sin embargo, en aras de la responsabilidad, Izquierda Unida trabaja, lucha, dialoga para mejorar el plan de ajuste financiero y para que su impacto, especialmente sobre los trabajadores públicos, sea el menor posible, sin por ello

incidir en políticas de tipo social.

Desde que se presentó inicialmente el plan de ajuste financiero han pasado muchas cosas. Entre ellas, la más importante, que España, este país, hoy está rescatado. A pesar de la confianza que iba a suponer el que gobernara el señor Rajoy, España es hoy un país rescatado e incluso intervenido. Y el señor Rajoy, el paradigma de la austeridad, después de anunciarle al país este plan de rescate, que, indudablemente, puede traer medidas de control —ya han sido anunciadas por el Fondo Monetario Internacional y por la señora Merkel— y medidas de ajuste adicionales sobre el conjunto de los españoles; el señor Rajoy, insisto, paradigma de la seriedad, paradigma de la austeridad, se coge un avión privado y se va a ver un partido de fútbol a Polonia [aplausos], cuando hay muchos parados en este país que no tienen ni para pagar la luz del televisor en el que también el señor Rajoy podía haber visto el partido. Mal momento para ir a ver un partido de fútbol en un avión privado.

Andalucía sufre, pues, una doble intervención: la intervención que corresponde

al conjunto del Estado y la intervención que recibe de manera específica del Gobierno, que ha profundizado en unas recetas económicas que no sirven para nada. En lugar de incrementar ingresos a través de la lucha contra el fraude fiscal y a través de una reforma fiscal que solo puede hacer el Gobierno central

—Andalucía puede modificar muy levemente la incidencia fiscal de nuestros impuestos, de nuestros ingresos—, el Gobierno de España ha renunciado a esa

reforma fiscal global y a la lucha contra el fraude, y esto nos lleva a una intervención financiera de facto que Andalucía sufre de manera doble.

En definitiva, desde posiciones de fuerza inadmisibles que rozan el chantaje, a

Andalucía se le ponen por delante unos objetivos de ajuste que hay que acometer sí o sí. Se condiciona la financiación de Andalucía, pública y privada, a la valoración subjetiva, por los señores Montoro y Beteta, de un plan de ajuste que les tiene que gustar a ellos, a los señores Beteta y Montoro, que, como se sabe, son máximos ejemplos de coherencia y transparencia a la hora de informar de las cuentas públicas de comunidades autónomas como Madrid y como Valencia.

Evidentemente, ante esta situación, en Izquierda Unida tenemos la tentación de declararnos insumisos, y lo haríamos si eso resolviese el problema. Un problema que hay que describir gráficamente como situación de cajas vacías e, insisto, intervención de facto en Andalucía.

Podíamos entregar la llave e irnos, pero por responsabilidad seguimos, al menos de momento. Porque irnos nosotros significa que venga la derecha, por una vía o por otra, y eso conduce a lo mismo. La derecha en Andalucía traería despidos masivos de los empleados públicos, hoy muy fáciles de realizar gracias a la reforma laboral del señor Rajoy; esa que traía escrita, al parecer, con tinta invisible en su programa electoral, porque nadie la había visto. Despidos masivos y privatizaciones a todos los niveles. Y esto supera para Izquierda Unida los límites admisibles que no vamos a dejar traspasar bajo ningún concepto, las líneas rojas.

No a los despidos masivos y generalizados. No a las privatizaciones. Decía ayer

un querido compañero: «Todos somos insumisos ante la muerte, pero eso no impide que la muerte esté ahí y nos acabe pillando a todos». El plan de ajuste es algo similar: o lo tomas o lo dejas, pero son lentejas. El Gobierno central ha puesto a Andalucía una pistola en la sien. Y si no lo aplicas, y además aplicas el que a mí me gusta, no cobras. No cobran, a lo mejor, la nómina los empleados

públicos y ahí te pudres.

Y esto es muy serio. Esto es muy serio. Porque de la aprobación de este plan depende el acceso a la financiación pública o privada de la Junta; es decir, su funcionamiento. Pero hay que decir que aquí no hay un recorte impulsado desde la Junta de Andalucía, hay un único recorte que viene desde el Gobierno central.

Un Gobierno central del que depende al 90% la financiación de las comunidades autónomas, especialmente en Andalucía. Un recorte que, además

del contenido en los presupuestos, se ensaña de manera especial con educación

y sanidad, con recortes específicos de 3.000 y 7.000 millones de euros en políticas que no ejecuta el Gobierno, sino las comunidades autónomas.

Y con decisiones de obligado cumplimiento, como la elevación de la jornada lectiva o las que se refieren a la universidad. O como el cobro de ambulancias y

prestaciones sanitarias diversas que hasta ahora eran gratuitas; ambulancias, que, por ejemplo, a los enfermos de diálisis se les va a cobrar. O como la exclusión de la asistencia sanitaria de los inmigrantes, de muchas mujeres divorciadas y de tantos jóvenes que, en una situación de paro de cerca del 50%,

no han podido cotizar a la Seguridad Social.

Izquierda Unida no comparte estos ajustes y ha luchado, insistimos, y sigue luchando contra ellos. Pero no vamos a entregar la llave de Andalucía a la derecha. Podrán apretar... No vamos a entregar —por si no lo han oído bien— la llave de Andalucía a la derecha.

Podrán apretar con el grifo y el chantaje de la financiación, pero no podrán gobernar Andalucía ni por ello destruir el sistema de derechos sociales construido en democracia. En este plan hay una cuestión especialmente dolorosa, el sacrificio que una vez más harán los empleados públicos. Sobre ellos recae un 20% de los recortes. Cerca del 25% —y quizás no se habla de esto suficientemente— recae sobre la inversión. Pero gracias a este ejercicio de solidaridad de los empleados públicos, en Andalucía, resisten, suficientemente,

los derechos sociales. Gracias a este esfuerzo, se salva el salario diferido que supone para toda la sociedad, también para los funcionarios, el tener acceso a

unos servicios públicos universales y de calidad. Gracias a ese esfuerzo, se mantienen esos servicios, especialmente, para el colectivo que más sufre, el de los parados y paradas andaluzas cuya situación es la prioridad de este Gobierno.

En Andalucía se ha apurado, prácticamente, al máximo la capacidad de maniobra en materia impositiva. Aunque no renunciamos a seguir por ahí, en el tramo autonómico que nos corresponde estamos a nivel de los países nórdicos.

Pero lo que también hemos apurado es nuestra capacidad de estupefacción. Mientras se exigen en Andalucía recortes de 2.700 millones de euros, que afectan a las políticas sociales, aparecen por arte de magia, y si no se mendigan por parte de los señores De Guindos, Montoro y Rajoy en Europa, 100.000 millones para el sistema bancario. Y ya se habla que a costa del rescate del sistema bancario se van a tocar las pensiones, se puede elevar la edad jubilación —más todavía—, más recortes, etcétera, etcétera. Y de los 100.000, 20.000 van para el buque insignia bancario del Partido Popular, la Bankia pilotada por su maestro económico, el señor Rato.

Y ojo a cómo se va a destinar ese dinero de los bancos. Se habla de cerrar 3.000

oficinas en España. Se habla también, o se empieza a hablar ya, de pensiones de jubilación multimillonarias para los altos cargos de esos bancos. Habrá que

estar muy atentos, no vaya a ser con el dinero de nuestros recortes se estén forrando los de siempre, principalmente, los del Partido Popular. Izquierda Unida mantiene y anuncia seis líneas de actuación para la mejora del Plan de Ajuste Financiero. La primera, la que ya he dicho de no a las privatizaciones ni a los despidos. La segunda, reducir el impacto, en lo posible, sobre el capítulo I, intentando compensarlo con los capítulos II y IV. La tercera, dar progresividad absoluta a las medidas de impacto en materia salarial. Esto significa que los mileuristas no deberían sufrir recortes y a partir de ahí se aplicaría progresividad en función de los ingresos. Y aquí se incluye al Gobierno y a los altos cargos de la Junta y del Parlamento. Pues, más el que más. Si se gana más, más recortes. Queremos también reducir, significativamente, el impacto sobre el personal interino e introducir cláusulas de reversibilidad para que los afectados recuperen derechos una vez cambie la situación económica. Y, por supuesto, la sexta línea de actuación: profundizar al máximo en las medidas de austeridad y racionalización del gasto público.

Todo lo anterior se realizará en dos etapas. La primera el próximo Consejo de Gobierno o cuando decidan aprobar por decreto ley el plan de ajuste. Y la segunda el trámite parlamentario que se hará como proyecto de ley.

Pero que no se nos olvide. Estamos ante tiempos difíciles, agravados por un Gobierno sin brújula y sin cabeza, hooligan de un sistema injusto e ineficaz, que se va a ver en un avión privado un partido de futbol después de condenar a este país. Gobierno central del Partido Popular, auténtico cipayo del neoliberalismo conservador imperante en Alemania.

Y, finalmente, una reflexión. Andalucía tiene un límite. Desde el Gobierno central no pueden apurar este límite, porque Andalucía sabe decir basta, como hizo un 28 de febrero y como puede volver a hacer en cualquier momento.

Porque Andalucía sabrá salir a la calle si las cosas siguen así, si el Gobierno del Partido Popular sigue abusando de los andaluces y andaluzas. Y en la calle, con la gente, seguirá estando Izquierda Unida.

Muchas gracias.