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RESOLUCIÓN POLÍTICA DEL CONSEJO POLÍTICO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA Aprobada por 44 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones

Quieren acabar con todo

El Plan de recortes presentado por el Presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados , respondiendo a las exigencias planteadas por el memorándum aprobado por el ECOFIN el día 10 de julio pasado, es una agresión sin precedentes a los derechos del conjunto de la ciudadanía y muy especialmente a los trabajadores y

trabajadoras, a las personas en paro, a quienes tienen un empleo público o cobran una pensión.

Es un ataque a los fundamentos que hicieron posible nuestro actual sistema constitucional y a los principios de la democracia. Lejos de ser una salida hacia adelante de la crisis es una regresión económica y social y significa una involución democrática.

No permitiremos que hagan de España una nueva Grecia

Izquierda Unida considera ilegitima la imposición de las 32 medidas contenidas en el memorándum de la Comisión Europea, exige la consulta a la ciudadanía en referéndum para su aplicación y plantea desde ahora mismo su rechazo frontal y la exigencia de su replanteamiento radical en el marco de una Unión Europea, que queremos al servicio de los ciudadanos y no de los mercados..

El PP contra el interés nacional

Rechazamos cualquier compromiso con esta medida. Mariano Rajoy se ha situado frente a los trabajadores y trabajadoras, y frente al interés nacional. No hay espacio para ninguna contemporización con esas decisiones. El PSOE con su acuerdo en la modificación del art. 135 de la Constitución y su apoyo a la gestión del Gobierno frente a Bruselas ha quedado atrapado en la lógica que conduce al agravamiento de la crisis.

El Presidente del Gobierno ha ido aún más lejos que las 32 imposiciones; las ha interpretado en clave de decisiones especialmente lesivas para los trabajadores. Estado de excepción económico, social y político

La subida del IVA golpea más a los sectores populares porque se trata de uno de los

impuestos más injustos. Con esa medida se debilita el consumo, y por tanto se agrava la crisis económica y se perjudica el empleo. La medida pone contra las cuerdas a las pequeñas empresas y los autónomos: imaginemos el escenario de estas Navidades con 6 millones de parados, los empleados públicos sin paga extraordinaria y el IVA tres puntos más alto.

Se hace a la CEOE un nuevo regalo, que refuerza el maná de la reforma laboral, propiciando un mayor trasvase de rentas salariales a rentas empresariales. Se reduce la prestación por desempleo y se dificulta el acceso a otras prestaciones cuando aquéllas ya no se perciben.

Los recortes en las retribuciones de los empleados públicos constituyen una medida

cobarde e injusta del Gobierno, que busca su culpabilización y una aplicación fácil. Se viola la seguridad jurídica de los contratos establecida en la Constitución y se incumple la negociación colectiva. Además, añadir las medidas aprobadas por el Gobierno Central a las ya adoptadas por las CC.AA es de todo punto intolerable.

Atacando a los empleados públicos se contribuye al desguace del Estado y con él al

retroceso de los derechos y libertades democráticas.

Se limitan los derechos de representación democrática en un intento de trasladar a la población la idea de que la democracia es cara. Lo que verdaderamente es caro es una gestión corrupta de ciertos políticos como se puede ver en las tramas con la Gurtell y otras que ya están en los tribunales.

Los Ayuntamientos, la institución democrática más cercana a la ciudadanía no pueden ser debilitados porque entonces la democracia pierde sentido y calidad.

Deuda ilegítima

Todas las medidas adoptadas responden a la voluntad de poner por encima de todo

los compromisos de pago de la deuda pública, que consideramos ilegítima en una parte significativa porque se emitió para las necesidades del Estado sino para respaldar la deuda de las instituciones financieras. En consecuencia, exigimos una auditoría de la deuda pública española.

Las iniciativas de Izquierda Unida

Izquierda Unida presentará un paquete de propuestas para racionalizar el gasto público y combatir la corrupción. Hay muchas medidas eficaces para hacerlo sin necesidad de reducir las retribuciones en el sector público. Entre ellas, propondremos la incompatibilidad de retribuciones públicas para los cargos electos o de confianza, la incompatibilidad para ser alcalde, diputado autonómico o diputado en el Parlamento, la modificación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y la adopción de medidas eficaces para controlar la idoneidad del gasto, con la colaboración de los empleados públicos.

A ello hay que añadir una Proposición de Ley para una reforma justa y progresiva del sistema fiscal y para combatir el fraude y la economía sumergida

Llamamos a la movilización del pueblo

Esta situación merece una respuesta que de forma global, coordinada y unitaria plantee un nuevo modelo productivo, con un contenido social y democrático que confronte con la ofensiva del capital, que defienda la solidaridad frente al recorte. A este respecto, la lucha de los mineros es ya un referente de la movilización necesaria para derrotar las políticas de este Gobierno, que van contra los trabajadores, pero también contra la mayoría social y el interés nacional.

Llamamos a todos nuestros afiliados y afiliadas, a toda la gente de izquierdas, a toda la población a participar activamente en las movilizaciones convocadas por los sindicatos para el próximo día 19 de julio y a preparar las acciones generales que, sin duda, van a ser convocadas en otoño. Es preciso que la calle hable

Llamamos a todos los demócratas a derrotar al Gobierno y sus políticas.