PROPUESTA DE LA IZQUIERDA PLURAL SOBRE FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA

Proposición no de Ley de la Izquierda Plural sobre la financiación de la Iglesia Católica.

En el Título Preliminar de la Constitución Española de 1978, y más en concreto en sus artículos 6 y 7, se recoge la importancia de los partidos políticos como instrumentos fundamentales para la participación política y de la manifestación de la voluntad popular, y la de sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales como aquellos que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.

Todos ellos son parte fundamental en la vertebración del Estado, y su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos.

Por su parte, el artículo 16 del capítulo 11 del Título 1 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, en un Estado aconfesional que mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

En el actual contexto de crisis económica el Gobierno ha considerado necesario reducir en un 20% las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal. En particular, se encuentra en tramitación parlamentaria un Proyecto de Ley para adecuar las subvenciones previstas en la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos para que éstos, según se expresa en la exposición de motivos de dicho proyecto, participen en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis.

En este mismo contexto el Gobierno también aprobó el Real Decreto-ley 30/2011, más tarde convalidado por el Congreso de los Diputados, en el que se establecen unos recargos temporales en los distintos tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con los que espera recaudar más de 5.000 millones de euros adicionales, que potencialmente harán que la asignación tributaria para la Iglesia Católica pueda ser superior a la del año anterior.

El Estado entrega a la Iglesia Católica más de 9.000 millones de euros anuales entre aportaciones directas e indirectas: asignaciones tributarias vía IRPF, exenciones en distintos tributos, financiación de personal que imparte religión católica y de centros de ideario católico, transferencias para asistencia sanitaria y obra social, financiación de funcionarios capellanes, mantenimiento de patrimonio artístico de su propiedad, y otras subvenciones y financiación de eventos religiosos o para asociaciones de ámbito local.

Esta situación privilegiada puede herir la sensibilidad y el sentido de igualdad y de justicia distributiva de muchos ciudadanos que no están comprometidos con la Iglesia Católica, especialmente de los que participan de otras creencias filosóficas y religiosas, y principalmente, la de aquéllos que defendemos la independencia del Estado respecto a todas las confesiones religiosas y de las influencias de sus jerarquías, así como la igualdad de todos los ciudadanos ante el Estado y en el acceso a los bienes públicos. En todo caso, esta situación choca frontalmente con el principio constitucional de no confesionalidad del Estado.

Evidentemente, la práctica religiosa no es un servicio público que beneficie a toda la ciudadanía y son los fieles de cada religión quienes, en su caso, deberían contribuir a la financiación de su culto, clero y actividades religiosas.

Por todo ello, se presenta la siguiente Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Llevar a cabo las medidas oportunas para establecer un calendario con un plazo de adaptación para la completa autofinanciación de la Iglesia Católica a través de las donaciones de sus fieles.

2. Revisar en ese plazo de adaptación los beneficios fiscales de los que disfruta la Iglesia Católica con el objetivo de su desaparición, en particular, en lo que respecta a las exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

3. Suprimir en ese plazo de adaptación la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

4. A recortar en un 20% la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el IRPF en los Presupuestos

Generales del Estado para 2012, con la finalidad de que la Iglesia participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis.»

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.—José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero.—Cayo Lara Moya.—Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.